La reforma del código penal por la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2015, introduce la responsabilidad penal de las personas jurídicas.
Es decir, la responsabilidad penal de las sociedades mercantiles por la comisión de delitos penales por parte de la dirección, empleados u órganos de administración.
Desde nuestro dpto. especializado evaluamos la actividad de la empresa, detectamos los posibles riesgos penales de la organización e implementa programas de cumplimiento normativo (mapa de riesgos, protocolos en la toma de decisiones, modelos de gestión de recursos financieros, canales de denuncia, sistemas disciplinarios, etc) y códigos de buena conducta, de forma que la organización sea capaz de prevenir la comisión de delitos penales.
Nuestros expertos en Compliance Penal una vez realizada la implantación de los diferentes programas acompañamos a la organización para asegurar la máxima transparencia corporativa.
